La necesidad de la identificación clara del delito previo en el lavado de activos en el decreto legislativo n° 1106 desde el trabajo fiscal en el distrito judicial de Ancash - Huaraz

Abstract

l delito de lavado de activos es un tema de preocupación social y jurídica, pero eso no debe llevarnos a olvidar las bases constitucionales a las que el Derecho les debe respeto, ni atacar un grupo dejando de lado otro que causa igual o mayor daño al sistema económico y/o jurídico. En esa línea, mediante el presente trabajo se facilitará una mejor comprensión y explicación respecto de cuáles son los fundamentos jurídicos para que la actividad criminal previa del delito de lavado de activos sea claramente identificado sin dejar de lado su autonomía en el marco del Decreto Legislativo Nº 1106, y no entrar en discusiones acabadas respecto de si es necesario su acreditación o probanza, dado que la nueva legislación ya ha dejado en claro la discutida autonomía del delito de lavado de activos. Así, con la presente investigación se ha identificado que estamos frente a un fenómeno criminal real, por cuanto el lavado de dinero estimula las actividades ilegales rentables, promueve la corrupción entre funcionarios y empresarios y daña la reputación de instituciones financieras y Gobiernos1, también porque es un delito en el que se encuentran comprometidos ex presidentes, congresistas, funcionarios y hasta empresas particulares como el mediático caso de Odebrecht. En ese contexto, el delito de lavado de activos hoy cobra el mayor interés, máxime cuando para una correcta identificación de su origen o vinculación del agente con bienes, efectos o ganancias provenientes de actividades ilegales no se lesionen derechos fundamentales como el de presunción de inocencia y el debido proceso. Finalmente notaremos referencialmente cómo viene aplicándose el Nuevo Código Procesal Penal desde los órganos de persecución y represión penales, ello siempre de cara a las investigaciones penales realizados por la Fiscalía de Lavado de Activos en Huaraz, en el que se evidenciará cuáles son los criterios normativos y errores sobre las que el Ministerio Público viene adecuando su rol persecutorio, frente una correcta atribución de los hechos delictivos en línea de imputación necesaria en el marco de un proceso judicial instaurado.