Abstract:
A través del tiempo hemos visto los esfuerzos que realiza el Estado o específicamente el Poder Legislativo, con la finalidad de decretar normas que ayuden y/o refuercen el aparto judicial en el Perú, pero muchas veces se ha visto restringida esta labor gracias a la realidad. Creemos que esto se debe a que dichos esfuerzos se basan en un caso en concreto y no se piensa en las diversas posibilidades que tiene el ser humano para actuar. En el caso que nos ocupa, se ha promulgado ya hace 12 años aproximadamente el Decreto Legislativo Nº 957 “Nuevo Código Procesal Penal”, dejando a un lado un proceso penal inquisitivo; sin embargo, la actual ley a consideración nuestra ha sido creada para delitos menores o recurrentes, en donde ya se tiene ideado un plan y se conoce el proceder de las personas que delinquen, mas no para delitos que necesitan un conocimiento especial como es el caso de los delitos de corrupción de funcionarios. Los funcionarios que cometen delitos de corrupción son quienes hacen mal ejercicio de su cargo, no tienen en cuenta los fines de la función pública o el interés público, sino que actúan por un beneficio particular, violando la ley. Pero no solo ello, sino también en algunos casos se proveen de un gran aparato tecnológico y financiero, ello hace que las posibilidades que tiene el Estado sean escasas para llevar a cabo una investigación con resultados positivos en los límites de tiempo establecidos por ley. Observando, la dificultad que tiene el aparato estatal para investigar hechos de corrupción es que se ha tenido en cuenta el presente trabajo de investigación.