El informe de control como requisito de procedibilidad para la configuración del delito de colusión en el marco de la ley de contrataciones con el estado

Abstract

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad analizar los fundamentos del informe de control que produce la Contraloría General de la República, a efectos de dilucidar, si es posible o no (o más exactamente, si convendría o no) incorporarlo en calidad de requisito de procedibilidad para incoar un proceso penal por el delito de colusión en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado en el Perú. En ese sentido, siendo ese el objeto de estudio, la presente tesis responde a una investigación dogmática-teórica, que emplea un diseño descriptivo, no experimental, en el que la unidad de análisis estuvo constituida por el estudio de la doctrina, la jurisprudencia, y la normatividad en torno al tema del informe de control, facultades del Contraloría y a la estructura típica del delito de colusión. Se emplearon como técnicas el análisis de contenido y el fichaje, cuyos instrumentos de recolección de información fueron, las fichas de análisis de contenido y las fichas bibliográficas y textuales. Utilizándose el método hermenéutico, exegético y la argumentación jurídica. En esta investigación, en el que se desarrollaron un conjunto de criterios que permiten la incorporación de los informes de control – emitidos por la Contraloría General de la República – como requisito de procedibilidad facultativo en algunos casos en los que se presente el delito de colusión. Precisamente la conclusión de la presente tesis es que, si bien sería preferible que todos los procesos por el delito de colusión inicien con el informe de control, dicha exigencia sería exagerada pues podría duplicaría la titularidad de la acción penal, la que por mandato constitucional únicamente la ostenta el Ministerio Público. Por ello, es preferible que el representante del Ministerio Público cuente con dicho informe únicamente en 2 casos: a) En casos en los que la complejidad del concierto sea de tal envergadura que los términos fácticos de la imputación no sean fácilmente comprensibles; y b) En casos en los que la imputación fáctica contenga controversias de tipo especializado en ciencias contables o financieras